Uno de los aspectos jurídicos más demandados en la actualidad es la regulación y gestión de indocumentados. Un proceso que trata de normalizar a todas aquellas personas que están en un país sin atender a sus requerimientos legales.

Este colectivo, a pesar de tener libertades reconocidas por ley, se ve en la imperiosa necesidad de regularizar su situación, su nacionalidad y, en otros casos, obtener la reagrupacion familiar.

Hay que saber que todas las personas extranjeras que se encuentran en España, tienen -con independencia de su situación- una serie de derechos reconocidos por la Constitución. Son el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la intimidad y a tutela judicial efectiva, que comprende la presunción de inocencia.

Asimismo, podrán ejercer el principio de legalidad (no podrán ser condenados por acciones no constitutivas de delito o falta) y los de libertad de creencias y expresión.

Ahora bien, para regularizar la situación de un indocumentado y obtener las nacionalidades pertinentes, hay que llevar a cabo una serie de trámites burocráticos.

Dependerán de cada caso y país. Por ejemplo, si se está pendiente de iniciar un trabajo en España, el empresario debe solicitar una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Para ello, el contrato debe de ser como mínimo de 6 meses y de 3 meses en el sector agrario. Durante el mes siguiente se solicitará la tarjeta de identidad de extranjero.

Otro supuesto es la reagrupación familiar, una residencia temporal que se otorga a los familiares directos. Para ello, hay que contemplar varios requisitos, como llevar residiendo un año en el país o acreditar medios económicos suficientes.

No obstante, la normativa cambia y es necesario estar informado. De ahí la importancia de ponerse en manos de una asesoría jurídica especialista en la gestión de toda la documentación. Con ello se consigue un ahorro de tiempo y tener el día a día bajo control.

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