por Gesys | Jun 26, 2017 | blog
Muchas veces cuando iniciamos una actividad, nos surgen dudas de si ser autónomos, hacernos sociedad, o si una vez iniciada dicha actividad, es conveniente pasar de autónomo a sociedad limitada. Desde el punto de vista de la inmediatez, prevalecerá la del régimen de empresario individual. El alta en el IAE para el trabajador autónomo, se puede tramitar telemáticamente en el acto y sin coste alguno. Además de esta gran ventaja, en la actualidad están vigentes las bonificaciones de los seguros sociales, en 80%, 50% y 20% respectivamente de la cuota a pagar por la base reguladora mínima. Esta bonificación de momento no se aplican a los administradores de las sociedades, por lo que además de las ventajas del tiempo, y coste, se suma esta bonificación como una más de las razones fundamentales, al momento de elegir el régimen jurídico, con la modalidad de empresario individual. Una vez empezada la actividad, a medida de que se va ganando sitio en el mercado laboral, así como el crecimiento económico de la actividad empresarial, surge la necesidad de pasar de autónomo a sociedad limitada. ¿Qué beneficios fiscales tiene? Las sociedades limitadas como tal, ofrecen un sin número de garantías y ventajas, considerando desde el punto de vista de imagen, responsabilidad, posibilidad de expansión, ventajas fiscales, etc. El empresario genera consigo, por el desarrollo propio de la actividad profesional/mercantil, una serie de obligaciones, mercantiles, fiscales, laborales, administrativas, etc. quedando comprometido su patrimonio personal y familiar, frente a todo tipo de responsabilidad con terceros de los hechos derivados a la gestión empresarial, respondiendo con sus bienes presentes y futuros, frente a las posibles, incidencias, indemnizaciones...
por Gesys | Jun 21, 2017 | blog
El contrato fijo discontinuo es una modalidad del contrato indefinido, para realizar un trabajo que se repite cada cierto período de tiempo, pero sin que se repitan en fechas ciertas cuando el volumen de la actividad de la empresa sea normal. Su fundamentación la podemos encontrar en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Dentro de los contratos indefinidos podemos encontrar esta categoría cuya actividad se realiza de modo intermitente durante el año. Podríamos decir que es un contrato fijo porque hablamos de una actividad estable, pero es discontinuo al verse interrumpida la actividad por períodos de inactividad. No hablaríamos de un fijo discontinuo cuando el reinicio de la actividad no se realiza de manera cíclica, sino que queda desvinculada por un largo período de tiempo de inactividad. La diferencia entre un trabajador eventual y uno fijo discontinuo la podemos encontrar en que el eventual responderá a la necesidad imprevista de cubrir unos servicios en la empresa. Mientras que el fijo discontinuo surge por la necesidad de trabajo de naturaleza cíclica. Cuando comienza la temporada de trabajo, el empresario tiene la obligación de llamar a sus empleados para la reincorporación a sus puestos de trabajo. Aunque la jurisprudencia utiliza el término preferencia, el trabajador lo que realmente tiene es un derecho a ser llamado cuando se reinicie la actividad. Para el llamamiento debemos dirigirnos al convenio colectivo para actuar conforme a los criterios y en la forma que éstos establezcan. En algunos convenios colectivos establecen unos períodos de días mínimos para que estos trabajadores puedan acceder a prestaciones por desempleo. La conclusión de cada período de actividad puede...
por Gesys | Jun 19, 2017 | blog
Recientemente el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia dictada el 4 de Diciembre de 2015 por la Audiencia Nacional, en el que las empresas tenían que llevar un control de horas de trabajo que se realizaba a cada trabajador. Esto se hacía para controlar los excesos de jornada. También gracias a este registro se conseguía controlar la realización de horas extraordinarias, puesto que estas se suman a la duración máxima de la jornada de trabajo, por lo tanto, si no hay control de horas de trabajo diarias, tampoco lo puede haber de las horas extraordinarias. Esto puede provocar que se realicen más horas extraordinarias que las permitidas por ley. En el caso que el empresario no cumpliese con el registro, primero la Inspección de Trabajo requería el cumplimiento, pero si el empresario no cumplía se le aplicaría sanciones graves, que implicaban multas de 626€ a 6250€ Actualmente la sentencia 246/2017 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se ha suprimido la obligatoriedad del registro de la jornada diaria. Esto ha supuesto una exención a los empresarios de llevar de manera rigurosa un control exhaustivo de la jornada laboral diaria de sus empleados. Las inspecciones de trabajo estaban siendo muy estrictas para comprobar si se hacía un registro diario de la jornada de los trabajadores, si ese registro era comunicado a los representantes de los trabajadores, y si los empleados realizaban horas extraordinarias. Al haberse anulado esa obligatoriedad, ya es solo una opción potestativa. La sentencia específica que lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores no obliga al empresario al registro de la jornada...
por Gesys | Jun 12, 2017 | blog
¿Cuánto cuesta ser autónomo? Tras el acuerdo llevado a cabo entre el PP y el partido Nueva Canarias, se ha logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado, a cambio de 200 millones de euros para las islas. Este acuerdo, entre sus medidas, ha sido la de subir un 3% la base mínima de cotización para los autónomos. Esto supone una subida al mes de unos 8 euros aproximadamente, que hacen un total de 96 euros al año. En España, hay aproximadamente 3,1 millones de autónomos. La pregunta es: ¿Por qué dichas subidas siempre afectan a las pymes o a los autónomos?. Según los Presupuestos Generales del Estado, se va a pasar de pagar 893,10 euros a 919,80 euros mensuales, esto supone un incremento del 3%. El freelance o más conocido como trabajador por cuenta propia, se ha convertido de un tiempo hacia acá, en lo que se denomina “vivir en la cuerda floja”. El autónomo de ahora, tiene que hacer frente a altas cuotas, tarifas bajas, vacaciones sin remunerar, no cabe la posibilidad de estar de baja por enfermedad y todo esto genera gran cantidad de estrés e inestabilidad. Ni qué decir tiene, que esos 3,1 millones de autónomos, son los que sostienen la economía española. Es por ello, que no entendemos ese afán por desprestigiar y ahogar la figura del autónomo. Con respecto a los trabajadores por cuenta propia de 48 años o más, también tendrán que pagar más, en su caso, la cuota pasa de 963 euros a 992 euros. Un autónomo con derecho a cese de actividad, tendrá que pagar 282 euros mensuales. En...
por Gesys | May 22, 2017 | blog
Tras la entrada en vigor el 1 de julio del 2015, de la Reforma de Código Penal 1/2015, después de largos meses de debate, la modificación legal más relevante que encontramos, y nos atreveríamos a decir que se trata de una de las más sustanciales en materia de derecho penal empresarial desde la aprobación del Código Penal de 1995, es la inclusión de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Lo cual significa que desde su entrada en vigor, las personas jurídicas (esto es, las empresas, en un término coloquial y vasto) pueden ser imputadas, acusadas y finalmente condenadas por un delito. Quedando así obsoleto el viejo aforismo romano “societas delinquere non potest”, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos. Nuevos problemas, nuevas soluciones: esto ha supuesto la urgente necesidad de afrontar nuevos retos que suponen la previsión de la aparición del problema, su tratamiento y sus consecuencias. Y es aquí donde aparece el “Corporate Compliance” nacido en el mundo empresarial anglosajón, más concretamente en el sector financiero, y que no es otra cosa que establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Dentro del marco normativo, además de normas legales, hay que tener en cuenta las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en base al...
por Gesys | Abr 5, 2017 | blog
COMUNIDAD DE BIENES Y RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS En una comunidad de bienes, es muy común preguntarse qué tratamiento tiene la cotitularidad de un bien entre varias personas. No nos es ajeno en la realidad del día a día, que varios titulares coincidan en la propiedad de un bien; piensen por ejemplo en la adquisición proindiviso de un haber hereditario por parte de varios hermanos. La peculiaridad que determina la existencia de la institución de la comunidad de bienes y sus correlativos condueños (comuneros), es la inexistencia de una entidad jurídica independiente o separada. Aspecto que vincula de manera directa e inexorable la existencia de la cosa compartida con el patrimonio del titular proindiviso; y por supuesto, la aplicación inherente del principio de responsabilidad universal previsto en el Artículo 1911 del código civil, en la que el deudor responde de las obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros. La regulación de la naturaleza de esta titularidad viene regulada en el artículo 392 y ss del código civil y es definida como la propiedad de una cosa o un derecho perteneciente pro indiviso a varias personas. Estableciendo así una dinámica patrimonial y posesoria distanciada de cualquier rasgo de actividad económica, lo que supone que a priori, la simple existencia de titularidad de un bien no significa elemento indiciario de explotación económica alguna. La otra dimensión de la existencia de una comunidad de bienes, es que la misma pueda ir dirigida a la realización de una actividad económica concreta, lo que supone tener en más consideración la responsabilidad universal de los comuneros y la imputación de sus beneficios...
por Gesys | Oct 17, 2016 | Asesoria Fiscal y Contable, Asesoría jurídica, blog, plusvalías
Es práctica habitual en la adquisición de bienes inmuebles, que las promotoras repercutan en el consumidor el impuesto por incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana “plusvalía municipal”. Dicha circunstancia esta planteando que la repercusión del impuesto resulte abusiva, ya que la normativa fiscal (Ley de haciendas locales) prevé que el sujeto pasivo sea el transmitente del bien; siempre y cuando la misma sea onerosa. Los operadores del mercado inmobiliario le han dado la vuelta a la previsión normativa, haciendo del consumidor adquirente, el sujeto pasivo. Este panorama puede resultar a priori aceptable, si tenemos en cuenta que las transmisiones de este tipo de bienes, no dejan de ser acuerdos entre particulares en los que debería caber cualquier tipo de estipulación, gracias a los principios de autonomía de la voluntad y obligatoriedad de los contratos (artículos 1255, 1091 y 1258 del Código civil) siempre y cuando, respeten la moral, la legalidad y el orden público. No obstante, el modo en que se consignan estas clausulas en la plusvalía municipal, no es el más parecido a un acuerdo entre particulares con igualdad capacidad negocial. Las mismas se suelen incorporan en pliegos elaborados por los propios promotores , en los que la decisión de negociación del adquirente se basa en la mera aceptación. Desde esta vertiente, podemos hablar de las llamadas clausulas “no prenegociadas individualmente” y “las condiciones generales de contratación”. Son estipulaciones muy habituales en el tráfico masivo de cualquier compraventa (vehículos, bienes inmuebles, electrodomésticos), que anteponen los intereses comerciales del transmitente a los de un acuerdo equitativo con el adquirente. Estas cláusulas están permitidas y no suponen...
por Gesys | Sep 29, 2016 | Asesoria Fiscal y Contable, blog, herencias
A la hora de llevar a cabo la gestión de herencias, es importante saber que en algunos casos, no es necesario realizar la escritura de partición ante notario, en Escritura Pública, por lo que lo trámites pueden simplificarse. Si lo único que se quiere es cumplir con las obligaciones de Hacienda, basta con presentar una Instancia privada, con firma legitimada notarialmente (el documento lo hace el propio interesado o un tercero en papel común y lo firma delante del notario, el coste es de unos 6,00 euros). Así resulta del artículo 14 de la Ley Hipotecaria complementado por el artículo 79 del Reglamento hipotecario: “Podrán inscribirse a favor del heredero único y a su instancia, mediante la presentación de los documentos referidos en el artículo 76, los bienes y derechos que estuvieren inscritos a nombre del causante, cuando no exista legitimario ni persona autorizada, según el título sucesorio, para adjudicar la herencia, salvo que en este segundo supuesto la única persona interesada en la herencia resultare ser dicho heredero.” En este sentido, si hay un heredero único, no hay partición, con lo que todos los bienes van a ser atribuidos a su persona, y simplemente se produce una aceptación de la herencia. De esta forma, no es preceptiva una escritura pública de partición y asignación, bastando un documento privado, la Instancia, de manifestación y aceptación de herencia en el que se declare ser heredero único, se describan los bienes que pertenecían al fallecido y que usted, como heredero, acepta y se adjudica, solicitando sean registrados a su nombre. Esta Instancia privada debe ir acompañada de los siguientes documentos que...
por Gesys | Sep 29, 2016 | Asesoría laboral, blog
El pasado 14 de septiembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió las cuestiones prejudiciales que le había planteado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en lo referente a la asimetría legal que existe entre los trabajadores temporales (obra y servicio), los eventuales y los indefinidos, a efectos del cobro de una indemnización por despido cuando finalice su prestación de servicio. En España la extinción de los contratos temporales de obra y servicio conlleva el cobro de una indemnización de 12 días de trabajo por año de trabajo, aspecto que por el contrario no se halla regulado en las relaciones laborales de interinidad – sustitución. La cuestión, se planteo a raíz de la demanda de una trabajadora del Ministerio de Defensa que había ido encadenando a lo largo de su relación laboral diversos contratos de interinidad, en los cuales, como se prevé en la ley, no se tiene derecho al cobro de ninguna indemnización. A parte de la diferencia existente entre contratos temporales (obra/servicio – eventual) el Tribunal resuelve que debe existir una equiparación efectiva entre trabajadores indefinidos y temporales, dándose la necesidad de que la indemnización de 20 días /año trabajado que le corresponde a los primeros debe aplicársele a los segundos. Hay que dejar apuntado al respecto que son dos tipos de indemnización diferentes, en el caso del previsto para los temporales es una indemnización por finalización de actividad, es decir que se devenga por el mero hecho de llegar a término el contrato (finalización de la obra /fecha término). En cambio a la indemnización establecida para los indefinidos le viene dada la naturaleza...
por Gesys | Jul 18, 2016 | blog
Durante los últimos años ha sido muy común en la práctica bancaria española la utilización de cláusulas limitativas del tipo de interés en los préstamos hipotecarios, estas son: las cláusulas techo y las cláusulas suelo. Que según se explicitaba era un acuerdo entre las partes, que a pesar de que el tipo de interés bajara, el deudor hipotecario, seguiría pagando un tipo previamente determinado. La naturaleza de este singular “acuerdo” consistía en la voluntad del deudor en querer pagar más renunciando a las bajadas de los tipos de interés y pagando cuando estos subían. Mientras que las primeras limitan al alza los tipos de interés, las segundas lo realizan a la baja, lo que supone un grave perjuicio para el consumidor, sobre todo en la actual época de Crisis Económica, ya que muchos de ellos se han visto envueltos en ejecuciones hipotecarias debido a la imposibilidad de afrontar el pago de sus cuotas. Estas últimas cláusulas han sido enjuiciadas numerosas veces, tanto en la doctrina científica como en los Tribunales, debido a su carácter abusivo. Con anterioridad al dictado de la STS de 9 de mayo de 2013, las mismas se habían declarados abusivas por falta de reciprocidad entre las partes (al existir grandes diferencias entre el suelo y el techo hipotecario), pero a partir de esta se ha creado un nuevo control de abusividad basado en el análisis de la “transparencia” de dichas cláusulas, el cual constituye una nueva herramienta para la defensa de los consumidores. En cuanto a la localización de las mismas, al encontrarnos ante contratos masa, lo que implica que la totalidad de los mismos...
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